¿Quiénes somos?
En el mes de febrero de 2008 el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública, mismas que, después de haber sido aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, a fines del mes de mayo el Senado de la República la envió al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. Fueron promulgadas el 17 de junio de 2008 y el 18 de junio publicadas en el Diario Oficial de la Federación. De las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 73 fracciones XXI Y XXIII, 115 fracción VII y 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, algunas impactan al sistema de justicia penal y otras al Sistema de Seguridad Pública, tanto en ámbito federal como de las entidades federativas y de los municipios.
Por lo que hace a las reformas al Sistema Procesal Penal y que implican el desarrollo del proceso penal acusatorio, se previó un periodo que no debe exceder de los 8 años para su implementación, contados a partir del 19 de junio de 2008. Por lo tanto, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro del ámbito de su respectiva competencia, ha expedido y puesto en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que son necesarios a fin de incorporar el Proceso Penal acusatorio.
Para la implementación del sistema de justicia penal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se creó el Consejo Consultivo como una instancia de consulta, planeación y coordinación de acciones. Dicho Consejo Consultivo, en el ejercicio de sus funciones, actuará en todo momento con pleno respeto a las atribuciones constitucionales de los poderes del Estado, así como de las instituciones y autoridades que participen en este órgano o con las que se coordinen acciones. El Consejo Consultivo cuenta con una Secretaría Técnica, órgano administrativo desconcentrado, sectorizado a la Fiscalía General del Estado, la cual será encargada de operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo Consultivo, así como de coadyuvar y brindar el apoyo que se requiera por las autoridades e instancias correspondientes para la implementación del sistema de justicia penal.
